Las recientes decisiones del gobierno de los Estados Unidos en materia migratoria han encendido las alarmas en Centroamérica. Con la aprobación legislativa de nuevas leyes y operativos que endurecen el trato hacia los inmigrantes indocumentados, países como El Salvador, Honduras y Guatemala se enfrentan a un panorama económico y social cada vez más incierto.

Uno de los puntos más controversiales es el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, denominado One Big Beautiful Bill, que impone un impuesto del 5% a las remesas enviadas por inmigrantes sin estatus legal. Si bien la medida aún debe ser votada en el Senado, expertos regionales advierten que podría significar una reducción de hasta un 10% en el flujo de remesas. En naciones como El Salvador, donde estas transferencias representan cerca del 20% del Producto Interno Bruto, el impacto sería devastador para miles de familias que dependen de este ingreso para sobrevivir.

A esto se suma la entrada en vigor, en enero de 2025, de la Ley Laken Riley, firmada por el presidente Donald Trump. Esta legislación obliga a las autoridades migratorias a detener y mantener bajo custodia a inmigrantes indocumentados acusados de delitos graves hasta su deportación. Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que esta ley afecta de forma desproporcionada a comunidades centroamericanas, al tiempo que debilita garantías procesales básicas.

Paralelamente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado sus acciones mediante la Operación Safeguard, un operativo lanzado para identificar, detener y deportar rápidamente a migrantes indocumentados en ciudades santuario. Este despliegue ha generado temor y una sensación generalizada de inseguridad entre comunidades migrantes, donde miles de salvadoreños viven con el temor constante de ser separados de sus familias.

El endurecimiento de estas políticas pone en evidencia el creciente riesgo para los migrantes centroamericanos en EE. UU. y abre un debate urgente sobre el papel de sus gobiernos de origen, llamados ahora a buscar alternativas económicas sostenibles y una defensa más firme de sus ciudadanos en el exterior.