Cinco agentes de la policía, entre ellos una mujer, fueron asesinados tras ser emboscados por un grupo armado mientras realizaban recorridos preventivos en el estado de Chiapas, al sur de México, cerca de la frontera con Guatemala. El ataque ocurrió el lunes y ha generado una fuerte condena a nivel nacional e internacional por la brutalidad del hecho.

De acuerdo con los informes preliminares, los cuerpos de las víctimas fueron hallados totalmente calcinados dentro de la patrulla oficial, lo que evidencia el nivel de violencia y premeditación con el que se cometió el crimen.

Este nuevo episodio de violencia en Chiapas se enmarca dentro de una creciente disputa territorial entre cárteles del narcotráfico, principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. Ambas estructuras criminales se enfrentan por el control de las rutas estratégicas para el tráfico de drogas, personas y armas en la región.

Expertos en seguridad indican que la zona fronteriza entre Chiapas y Guatemala se ha convertido en un punto crítico de operaciones para el crimen organizado, debido a su ubicación geográfica y falta de presencia estatal en muchas comunidades rurales.

Las autoridades mexicanas no han confirmado la identidad de los agresores ni si hubo sobrevivientes del ataque. Se ha desplegado un operativo de seguridad en la región para dar con los responsables, mientras que la Fiscalía General del Estado ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos.

La violencia en esta zona no solo ha afectado a las fuerzas de seguridad, sino también a la población civil, con desplazamientos forzados y constantes amenazas de grupos criminales que buscan imponer su control en el territorio.