Washington, 5 de junio de 2025 — La administración del presidente Donald Trump ha dado un paso más hacia la consolidación de un estado de vigilancia digital masiva, al anunciar una serie de nuevas medidas tecnológicas que complementan su endurecida política migratoria.

Más allá de las nuevas prohibiciones de entrada para ciudadanos de 12 países —principalmente de África, Oriente Medio, Cuba y Venezuela—, lo que más preocupa a defensores de derechos humanos es la intensificación de un sistema de tecnovigilancia nacional, gestionado en colaboración con empresas privadas como Palantir Technologies y Anduril Industries.

Este ecosistema digital opera mediante la recolección y análisis de datos biométricos, inteligencia artificial, escaneo facial, análisis predictivo y geolocalización constante de extranjeros, inmigrantes y estudiantes internacionales. En aeropuertos, universidades, centros de trabajo y hasta redes sociales, se despliega un monitoreo que ha sido calificado por expertos como “invasivo, opaco y desproporcionado”.

La ACLU y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han advertido que esta estrategia puede abrir las puertas a perfiles automatizados que terminan por excluir o criminalizar a ciertos grupos, con nula capacidad de defensa o rectificación. Además, se han reportado ya casos de ciudadanos legalmente autorizados que han sido rechazados en fronteras por “alertas algorítmicas” no verificables.

La implementación de esta vigilancia se enmarca en un discurso oficial de “protección de la seguridad nacional”, pero varios sectores lo interpretan como una deriva autoritaria, que vulnera el derecho a la privacidad, la libre movilidad y el debido proceso.

Algunos analistas señalan que el gobierno actual no solo está reformando el sistema migratorio, sino rediseñando el modelo de control social con herramientas tecnológicas sin regulación clara ni control independiente.

Mientras tanto, desde la Unión Africana y varias cancillerías latinoamericanas se ha exigido transparencia, diálogo multilateral y respeto al derecho internacional. La ONU ya ha convocado una sesión extraordinaria para evaluar el impacto de esta vigilancia digital masiva y su posible violación a tratados de derechos humanos.