Los Ángeles. El Estado de California ha presentado una demanda federal contra la administración del presidente Donald Trump, tras el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles sin el consentimiento del gobernador. La acción legal, interpuesta por el gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta, alega que el gobierno federal violó la Constitución de los Estados Unidos y la autoridad soberana del estado.
Contexto del conflicto
La demanda surge en medio de las protestas masivas registradas en el centro de Los Ángeles contra las redadas migratorias y el endurecimiento de la política migratoria federal. El presidente Trump ordenó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional bajo el Título 10 del Código de los Estados Unidos, lo cual transfiere su control al gobierno federal. Sin embargo, esta medida fue tomada sin coordinación ni aprobación del gobierno estatal.
El gobernador Newsom calificó la acción de “ilegal, inconstitucional e inmoral” y advirtió que representa “una peligrosa ruptura del pacto federalista”.
Fundamentos legales de la demanda
La querella sostiene que:
- El despliegue viola la Décima Enmienda de la Constitución, que reserva a los estados poderes no delegados al gobierno federal.
- No se justifica una situación de “rebelión o invasión”, condiciones necesarias para activar la federalización de la Guardia Nacional.
- Se infringe el Posse Comitatus Act, que limita el uso de fuerzas armadas en labores policiales dentro del país.
Además, la demanda solicita al tribunal federal una orden judicial inmediata que suspenda el despliegue y exija que cualquier movilización futura cuente con el consentimiento del gobernador del estado.
Posibles repercusiones y escenarios
Este proceso judicial podría tener implicaciones profundas para la relación entre los estados y el gobierno federal:
- Precedente legal: Un fallo a favor de California podría limitar futuros despliegues militares en situaciones de protesta civil, reforzando la autoridad de los estados sobre sus fuerzas de seguridad.
- Tensión institucional: La demanda aumenta la confrontación entre la Casa Blanca y Sacramento, marcando un nuevo capítulo en los desacuerdos por temas migratorios.
- Impacto político: El caso podría influir en el debate electoral nacional, polarizando posturas sobre inmigración, orden público y derechos civiles.
El gobierno federal, por su parte, defiende que el despliegue busca proteger infraestructura crítica y personal de agencias federales ante lo que califica como “violencia descontrolada”.
En desarrollo
La Corte Federal del Distrito Central de California deberá pronunciarse en los próximos días sobre la admisión de la demanda y una posible orden de suspensión temporal. Mientras tanto, las protestas continúan en distintos puntos del estado y el clima político se mantiene en máxima tensión.
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