Los Ángeles vive uno de los episodios más tensos de los últimos años tras el inicio de una serie de redadas migratorias y el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por el presidente Donald Trump. A la fecha, se han registrado más de 1,500 arrestos, toques de queda, enfrentamientos en las calles y una demanda constitucional sin precedentes entre el gobierno de California y la administración federal.

Un despliegue sin precedentes

La intervención comenzó el 6 de junio, cuando la Casa Blanca autorizó el envío de más de 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines para apoyar operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El presidente Trump justificó la medida como parte de una ofensiva para “restaurar el orden” y proteger instalaciones federales ante protestas que calificó de “violentas”.

El gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, denunciaron el despliegue como inconstitucional. Alegan que la intervención se realizó sin el consentimiento del estado, violando la autoridad local y la legislación federal, específicamente el Posse Comitatus Act, que limita el uso de fuerzas militares en tareas civiles.

Arrestos y toque de queda

Desde el inicio de las manifestaciones, las autoridades han detenido a más de 1,500 personas, incluyendo al menos 350 por incumplir el toque de queda decretado en el centro de la ciudad. La medida restringe la circulación entre las 8:00 p.m. y las 6:00 a.m. en áreas como Chinatown, Little Tokyo y Arts District.

Las detenciones han incluido a manifestantes, líderes comunitarios y, en un hecho que generó gran polémica, al senador Alex Padilla, quien fue retirado por la fuerza de una concentración pacífica.

Demanda en curso: Newsom v. Trump

Ante la situación, el estado de California presentó una demanda federal contra el gobierno de EE. UU. El documento alega que el presidente ha excedido sus competencias al federalizar la Guardia Nacional sin una insurrección activa o amenaza externa, condiciones requeridas por la Constitución para justificar tal acción.

La demanda, actualmente en proceso ante una corte federal en San Francisco, podría escalar hasta la Corte Suprema, estableciendo un precedente sobre los límites del poder ejecutivo en contextos de crisis interna.

Repercusiones y tensión creciente

Además del impacto legal, la situación ha polarizado aún más el panorama político. Mientras gobernadores aliados de Trump respaldan la intervención, otras autoridades estatales han manifestado su preocupación por el uso de tropas en zonas civiles. Organizaciones defensoras de derechos humanos alertan sobre el temor generalizado en comunidades migrantes, que han reducido su asistencia a escuelas, hospitales y tribunales.

Mientras la situación se mantiene en desarrollo, Los Ángeles permanece bajo vigilancia federal, con toque de queda activo y una comunidad migrante profundamente afectada. El desenlace legal del caso Newsom v. Trump podría marcar un punto de inflexión en la relación entre los gobiernos estatales y federales en Estados Unidos.