El gobierno del presidente Donald Trump implementó nuevas restricciones que limitan el acceso de legisladores a los centros de detención de migrantes en Estados Unidos. Según las normas recientemente publicadas por la oficina encargada de las redadas migratorias, los congresistas ahora deben solicitar autorización con al menos tres días de antelación para poder ingresar a dichos recintos.

Además, las solicitudes de visita podrán ser denegadas a discreción de las autoridades migratorias, lo que ha generado preocupación entre legisladores y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes consideran que estas medidas dificultan la supervisión sobre las condiciones en que se encuentran los migrantes detenidos.

La normativa fue emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en momentos en que continúan las críticas por el trato que reciben miles de personas retenidas por intentar ingresar a territorio estadounidense sin documentos legales.

Diversos representantes del Congreso han expresado que este nuevo reglamento representa un retroceso en la transparencia del sistema migratorio, al limitar el ejercicio de su labor fiscalizadora.