San Salvador, El Salvador. — El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso condenas de hasta 314 años de prisión contra integrantes de una estructura criminal dedicada al robo agravado en cajeros automáticos y otros delitos.
Según la resolución judicial, Marvin Geovany García Sosa recibió una condena de 314 años de prisión tras ser declarado culpable de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas. De acuerdo con el fallo, el imputado ejercía funciones de liderazgo dentro del grupo delictivo.
En el mismo proceso, Luis Alonso Mejía Hernández fue condenado a 192 años de prisión por robo agravado y agrupaciones ilícitas. Las investigaciones establecieron que su función consistía en transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los delitos.
Asimismo, Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, conocido con el alias “Zapato”, recibieron penas de 177 y 166 años de prisión, respectivamente. En el mismo juicio, otras 34 personas también fueron condenadas a diferentes penas por su participación en los hechos.
De acuerdo con el dictamen de acusación presentado por la Fiscalía General de la República, la estructura está vinculada a cuatro homicidios de usuarios de agencias bancarias, entre ellos una profesora y un agente de la Policía Nacional Civil. Además, se les atribuyen 26 casos de robo agravado.
Uno de los hechos investigados ocurrió el 22 de mayo de 2021 en el distrito de Cojutepeque, cuando una docente fue interceptada después de retirar dinero de una agencia bancaria. Según las investigaciones, los implicados habrían dado seguimiento a la víctima antes de despojarla de 2,600 dólares.
Las autoridades detallaron que la estructura fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras un operativo desarrollado por las instituciones de seguridad.
Las investigaciones también determinaron que los integrantes del grupo habían desarrollado métodos para identificar el monto de dinero que retiraban las personas en cajeros automáticos, incluso basándose en el sonido que emitía el dispositivo al contar el efectivo.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó diversas pruebas, entre ellas testimonios de víctimas y análisis sobre la estructura del grupo, su organización interna y la distribución de roles entre sus integrantes para ejecutar los robos.