Mineápolis, Estados Unidos. — Autoridades locales, líderes comunitarios y testigos denunciaron la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza en parques públicos de Mineápolis, Minnesota, pese a que existen órdenes municipales que limitan las operaciones federales en espacios públicos de la ciudad.
Según testimonios y videos que circulan en redes sociales, los hechos ocurrieron el domingo en Powderhorn Park, donde agentes federales perseguían y arrestaban a un ciudadano —según las versiones, de origen mexicano— y posteriormente desplegaron gas lacrimógeno en áreas abiertas al público mientras había familias y niños presentes. Habitantes describieron la presencia de oficiales armados y movilizaciones que generaron inquietud entre quienes acudían a actividades recreativas en el parque, un lugar tradicionalmente usado por residentes y familias.
La protesta y las controversias en torno a la presencia de agentes se enmarcan en un contexto más amplio de la llamada “Operation Metro Surge”, una operación de inmigración federal en Mineápolis y sus alrededores que ha incluido múltiples acciones de ICE y la Patrulla Fronteriza desde finales del año pasado, provocando tensiones entre autoridades locales y federales.
Las denuncias se intensifican debido a que la ciudad de Mineápolis ha adoptado órdenes ejecutivas y resoluciones que prohíben explícitamente el uso de ciertas propiedades municipales para operaciones de inmigración, con la intención de proteger espacios comunitarios y limitar la intervención directa de agencias federales en zonas civiles.
El incidente también fue reportado en Folwell Park el mismo día, según residentes, y ha generado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza, el respeto a las normas locales y la seguridad de menores en espacios públicos, especialmente ante la presencia de familias en áreas de esparcimiento.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad y ICE no han emitido una postura oficial detallada sobre las denuncias específicas de operaciones dentro de parques públicos de Mineápolis. La situación continúa bajo escrutinio por parte de autoridades locales y organizaciones de derechos civiles, que exigen mayor transparencia sobre las acciones federales en áreas comunitarias.