Un violento motín ocurrido entre el 2 y 3 de agosto de 2025 en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tuxpan, Veracruz, dejó un saldo de al menos ocho personas fallecidas y once heridas. La revuelta, que se prolongó durante más de 12 horas, fue iniciada por internos que denunciaban abusos, cobros ilegales y amenazas de parte de un grupo criminal conocido como Grupo Sombra, el cual tendría control interno sobre parte de la prisión.

Según los testimonios difundidos en redes sociales por los propios reclusos, el motín tenía como objetivo visibilizar las extorsiones que sufrían dentro del penal. En los videos, los internos exigían la presencia de organizaciones de derechos humanos y de la prensa, señalando que estaban siendo explotados y agredidos impunemente.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz confirmó oficialmente el saldo del motín e informó que los internos lesionados están siendo atendidos en hospitales locales. Las fuerzas estatales y federales, incluyendo elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, participaron en el operativo de recuperación del control del penal, lo cual ocurrió alrededor de las 9:00 a. m. del domingo 3 de agosto.

De acuerdo con cifras oficiales, el CERESO de Tuxpan albergaba en junio de este año a 778 internos, aunque su capacidad máxima es de 735, lo que evidencia una situación de sobrepoblación que podría haber contribuido a la tensión y al descontento generalizado.

Como medida inmediata, las autoridades trasladaron a tres de los reos identificados como instigadores del motín al penal de Pánuco. Asimismo, se anunció la apertura de una investigación formal para esclarecer los hechos y sancionar tanto a los responsables materiales como a quienes hayan permitido o encubierto los abusos denunciados.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, declaró que el Estado ha restablecido el orden y aseguró que se garantizará la seguridad de todos los veracruzanos. “Pondremos a disposición todos los recursos necesarios para que situaciones como esta no vuelvan a repetirse”, expresó.

En un comunicado oficial, el Gobierno del Estado reiteró su compromiso con la gobernabilidad, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios, en coordinación con las instituciones federales y en estricto apego a la ley.

Este motín se convierte en uno de los más graves registrados en cárceles veracruzanas en los últimos años y reabre el debate sobre la presencia del crimen organizado dentro del sistema penitenciario mexicano.