Colombia — junio 2025. La región del Catatumbo, al noreste de Colombia, vive una de las peores crisis humanitarias de los últimos años. Más de 56,000 personas han sido desplazadas desde enero debido a los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC-EP. El saldo: al menos 71 muertos, comunidades confinadas, escuelas cerradas y una población completamente abandonada por el Estado.

Pese a la gravedad de la situación, la respuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido ampliamente criticada por organizaciones nacionales e internacionales, que denuncian una respuesta tardía, insuficiente y descoordinada ante la emergencia.

“Cuando llegaron los primeros desplazamientos no había ni carpas, ni brigadas médicas, ni alimentos. Solo ONGs. El Estado no estuvo”, lamenta Dalia, madre de tres niños desplazada desde Tibú.

El impacto más devastador ha recaído sobre la niñez. Más de 46,000 niños y adolescentes han quedado sin acceso a la educación, expuestos a riesgos como reclutamiento forzado, violencia sexual y desplazamientos múltiples. Aunque iniciativas como el “Colegio por la Paz” en Cúcuta —impulsado por UNICEF— intentan brindar soluciones, el abandono estatal sigue siendo evidente.

A pesar de haber decretado estado de conmoción interior y emergencia económica en la región, las medidas de la administración Petro han sido percibidas como reactivas. En lugar de asumir su responsabilidad, el gobierno ha optado por culpar a sus antecesores, mientras las comunidades continúan atrapadas entre actores armados y la indiferencia institucional.

“El discurso de paz no basta si no se garantiza la protección inmediata de quienes hoy huyen por su vida”, ha advertido Human Rights Watch.

En medio del caos, el llamado de líderes sociales y organismos internacionales es claro: el Estado colombiano debe garantizar con urgencia la seguridad, educación y condiciones básicas para las familias desplazadas del Catatumbo. La paz no puede construirse sobre los escombros del abandono.