Riad, 4 de agosto de 2025 – Arabia Saudita ha sorprendido nuevamente al mundo al ejecutar a 16 ciudadanos extranjeros y 1 saudita en un lapso de solo tres días, la mayoría condenados por delitos relacionados con drogas. Este acto representa una de las ofensivas más severas del reino contra el narcotráfico en tiempos recientes, con un claro mensaje: tolerancia cero, sin importar la nacionalidad.

Durante el fin de semana, 13 personas fueron ejecutadas por contrabando de hachís y una por tráfico de cocaína, todas extranjeras salvo una. El lunes, dos ciudadanos sauditas fueron también ejecutados por cargos de terrorismo, elevando la cifra a 17 ejecuciones en apenas 72 horas.

Aunque Arabia Saudita figura entre los países con mayor uso de la pena de muerte, la ejecución masiva de extranjeros en un período tan corto no es una práctica común, ni siquiera dentro de su sistema penal altamente restrictivo.

Según datos recopilados por AFP, el país ya suma 239 ejecuciones en lo que va de 2025, de las cuales 161 están vinculadas al narcotráfico. Este endurecimiento coincide con la “guerra contra las drogas” lanzada por Riad en 2023, particularmente contra el consumo de captagon, una anfetamina muy distribuida en Medio Oriente.

La organización Reprieve, con sede en Londres, denunció el aumento de ejecuciones vinculadas al cannabis, calificándolo de preocupante en un contexto internacional que avanza hacia la despenalización del consumo personal. “Es una regresión brutal frente a la tendencia global”, sostuvo su vocera Jeed Basyouni.

Arabia Saudita había suspendido temporalmente las ejecuciones por drogas entre 2019 y 2022, pero las retomó con fuerza: 19 en 2022, 2 en 2023 y 117 en 2024, cifras que anticipan un 2025 aún más letal.

Mientras decenas de países han restringido o abolido la pena de muerte —sobre todo para delitos no violentos como el tráfico de drogas— el reino saudita reafirma su modelo punitivo con castigos extremos que generan alarma internacional, especialmente cuando involucran ciudadanos extranjeros, muchas veces sin pleno acceso a defensa legal adecuada ni a procesos transparentes.