La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado una demanda civil por enriquecimiento ilícito en contra de la exdiputada Silvia Estela Ostorga de Escobar, su esposo Marco Tulio Escobar Méndez y su hija Katherine Tatiana Escobar Ostorga. La acción judicial surge tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia que señaló presuntos indicios de incremento patrimonial no justificado durante el periodo legislativo de la exfuncionaria.

Silvia Ostorga ocupó una curul en la Asamblea Legislativa durante tres legislaturas consecutivas entre 2012 y 2021. Según la FGR, en ese periodo acumuló 40 irregularidades financieras que suman más de $4.2 millones de dólares, entre depósitos bancarios, compra de vehículos, pagos de tarjetas de crédito y préstamos.

Su esposo, también incluido en la demanda, es señalado por 25 irregularidades que alcanzan los $520 mil dólares, vinculados a movimientos bancarios, adquisición de bienes y pagos financieros sin respaldo claro de ingresos.

En el caso de la hija, la Fiscalía identificó una operación sospechosa por $2,000 dólares en concepto de depósitos bancarios cuyo origen no ha sido debidamente justificado.

El monto total que la Fiscalía busca recuperar para el Estado asciende a $4,809,956.87 dólares. Además, ha solicitado a la Cámara respectiva que inhabilite a Silvia Ostorga para ocupar cargos públicos durante los próximos 10 años, en aplicación de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.

Este caso se suma a la creciente lista de investigaciones que buscan recuperar fondos públicos desviados por funcionarios y familiares que, bajo el amparo del poder, construyeron patrimonios que hoy se encuentran bajo el escrutinio de la justicia salvadoreña.