Santa Tecla, El Salvador — La Cámara Ambiental de Segunda Instancia recibió una demanda por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Rigoberto Soto Lazo, exdiputado de la Asamblea Legislativa, correspondiente al período legislativo 2012-2015, así como contra su esposa, Vanessa María Handal de Lazo.

Según el escrito presentado, la demanda surge tras la identificación de 25 irregularidades patrimoniales detectadas por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las cuales no pudieron ser justificadas por el exfuncionario ni su pareja. Entre los movimientos cuestionados se encuentran depósitos bancarios, pagos de préstamos y tarjetas de crédito, y la compra de un vehículo, acumulando un monto total no explicado de $392,989.62.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado a la Cámara que admita el proceso legal y, de comprobarse el ilícito, se ordene la devolución de los fondos al Estado salvadoreño.

Actualmente, la Cámara Ambiental ha iniciado la fase de análisis legal para determinar la admisión formal del caso, en cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Este caso se suma a otros procesos similares en el país que buscan combatir el uso indebido de fondos públicos y fortalecer la transparencia en el ejercicio de la función pública.