El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra María Isabel C. de O., de 30 años, acusada de falsedad de documentos y firmas, en la modalidad de delito continuado, así como de revelación indebida de datos o información de carácter personal y amenazas con agravación especial.
Según las investigaciones iniciales, la imputada habría utilizado documentación judicial auténtica emitida por el Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana para modificar información y hacerla parecer como parte de un proceso penal contra otra persona.
Los hechos habrían comenzado el 20 de julio de 2026, cuando María Isabel C. de O. recibió documentos relacionados con una audiencia inicial, los cuales contenían firmas y sellos de la jueza y del secretario del tribunal. En dichos documentos, la imputada figuraba como víctima.
Posteriormente, habría utilizado medios tecnológicos para alterar la cita de audiencia y otros documentos judiciales, sustituyendo el nombre de la persona que realmente aparecía como procesada por el de Mario M.
De acuerdo con la acusación, los documentos modificados fueron enviados posteriormente a Mario M. mediante WhatsApp, con la intención de hacerle creer que se trataba de actuaciones judiciales auténticas emitidas en su contra.
El 3 de agosto, presuntamente publicó además los documentos en sus estados de WhatsApp, sin autorización de Mario M., exponiendo información de carácter personal.
Al recibir la documentación, Mario M. habría creído que efectivamente enfrentaba un proceso penal y acudió ese mismo día al Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana para verificar la situación.
Tras realizar las respectivas verificaciones, se estableció que el proceso correspondía a otra persona y que los documentos habían sido modificados.
Debido a que el caso se encontraba dentro del período de flagrancia, se presentó la denuncia correspondiente y María Isabel C. de O. fue capturada el 4 de agosto.
El proceso continuará mientras la Fiscalía presenta los elementos de prueba correspondientes y se determina la responsabilidad penal de la acusada.
