Con una decisión que sacude al mundo humanitario, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) dejó de existir oficialmente el 1 de julio de 2025, tras más de 60 años de operaciones globales. El presidente Donald Trump ordenó su desmantelamiento definitivo, argumentando que la agencia ya no servía a los intereses estratégicos de EE.UU. y que alimentaba un “complejo industrial de ONG” con escasos resultados desde el fin de la Guerra Fría.

La administración ha transferido ahora las funciones de cooperación internacional al Departamento de Estado, bajo la dirección de Marco Rubio, prometiendo “más eficacia, estrategia y responsabilidad”. Sin embargo, esta acción drástica no ha pasado desapercibida.

La comunidad internacional reaccionó con alarma. Una investigación publicada por The Lancet estima que esta retirada masiva de fondos podría provocar más de 14 millones de muertes evitables de aquí a 2030, especialmente en zonas vulnerables de África, Asia y América Latina. El estudio indica que un tercio de esas muertes afectaría a niños.

En el caso de El Salvador, la desaparición de la USAID significa la pérdida inmediata de programas de desarrollo agrícola, capacitación laboral, prevención de violencia juvenil, fortalecimiento de la democracia y apoyo técnico a instituciones del Estado. Miles de familias salvadoreñas en zonas rurales y urbanas dejarán de recibir asistencia directa, educación comunitaria, becas, y apoyo a pequeñas y medianas empresas, todo ello en un contexto de creciente precariedad y migración forzada.

La decisión ocurre en paralelo a una conferencia global sobre financiamiento del desarrollo en España, en la que Estados Unidos brilló por su ausencia. Voces críticas como las de Barack Obama y George W. Bush no tardaron en pronunciarse. Obama calificó la supresión como “una colosal equivocación”, mientras que Bush defendió el programa PEPFAR que impulsó durante su presidencia para combatir el VIH/SIDA en África.

Desde enero, Trump ha ejecutado un plan agresivo para frenar la ayuda exterior, comenzando con un decreto que congeló los fondos durante 90 días y recortó un 83% del presupuesto total de la USAID. La nueva política elimina todo financiamiento a programas que apoyen derechos sexuales y reproductivos, diversidad o inclusión.

La medida no solo ha paralizado operaciones en más de 100 países, sino que ha colapsado el financiamiento de organizaciones de la ONU y de miles de ONG, muchas de las cuales dependían críticamente del apoyo estadounidense.

Mientras Washington insiste en que “no dejará de ayudar, solo cambiará su enfoque”, lo cierto es que el mundo humanitario entra en una fase crítica. La decisión afecta no solo a estructuras institucionales, sino a millones de vidas que, en el silencio de los márgenes, dependen de esa mano extendida que hoy se retira.