Washington D.C. – La ciudadanía automática para niños nacidos en suelo estadounidense, incluso si sus padres están en situación migratoria irregular, podría quedar en entredicho en más de la mitad del país, tras el más reciente giro jurídico impulsado por el expresidente y actual candidato republicano Donald Trump.

El fallo de la Corte Suprema del pasado 27 de junio, que limita el poder de jueces federales para bloquear decisiones del Ejecutivo de forma nacional, abre la puerta para que la Orden Ejecutiva 14160 —firmada por Trump en enero— entre en vigor en al menos 28 estados donde no se han presentado demandas en su contra.

¿QUIÉNES SERÁN LOS AFECTADOS?

Los más vulnerables son los recién nacidos hijos de inmigrantes sin estatus legal o con visas temporales. En los estados sin litigios activos, estos bebés podrían no recibir la ciudadanía estadounidense, una práctica protegida durante más de un siglo por la interpretación vigente de la Enmienda 14 de la Constitución.

Se trata de familias que, en muchos casos, han vivido y trabajado en Estados Unidos por años, contribuyendo al sistema económico y social. También se verán afectados niños cuyos padres están en tránsito migratorio o incluso solicitando asilo.

Por ahora, los estados que sí interpusieron demandas —como California, Nueva York, Illinois y otros— mantendrán el bloqueo parcial de la orden, al menos mientras avancen las batallas legales en sus propias jurisdicciones.

LAS PRETENSIONES DE TRUMP

Donald Trump ha sido claro: pretende redefinir el concepto de ciudadanía estadounidense, limitándola a hijos de ciudadanos o residentes legales. La orden ejecutiva forma parte de un paquete de medidas migratorias que Trump considera fundamentales para su posible segundo mandato. Sus asesores han indicado que esta ofensiva legal busca disuadir la migración irregular y evitar lo que él llama “ciudadanía por ancla”.

“Estados Unidos ya no puede seguir regalando ciudadanía a hijos de personas que cruzan ilegalmente la frontera”, declaró Trump durante un mitin en Texas a principios de mes.

Sin embargo, expertos constitucionalistas advierten que solo una enmienda constitucional podría revocar realmente este derecho, y que la orden ejecutiva enfrenta serios desafíos jurídicos que podrían escalar nuevamente hasta la Corte Suprema.

¿QUÉ SIGUE?

Organizaciones de derechos civiles están movilizando nuevas demandas en los estados donde aún no se ha impugnado la medida, con la esperanza de frenar su implementación. Al mismo tiempo, una demanda colectiva en Maryland podría convertirse en el nuevo frente legal de mayor alcance para bloquear la iniciativa de Trump a nivel federal.

Mientras tanto, miles de familias inmigrantes viven en la incertidumbre. El país se adentra en un escenario sin precedentes: dos bebés nacidos el mismo día podrían tener derechos diferentes, dependiendo del estado en que nacieron.