Por primera vez, el Reino Unido impone castigos directos a redes internacionales de tráfico humano.

LONDRES. El gobierno británico ha dado un paso firme y sin precedentes en su lucha contra la inmigración ilegal: 25 individuos y organizaciones fueron sancionados este miércoles por su participación en redes de tráfico de personas, en una ofensiva legal que marca un antes y un después en la estrategia migratoria del país.

Las sanciones incluyen congelamiento de bienes e imposición de vetos migratorios, dirigidas contra traficantes ubicados en los Balcanes, África del Norte, Medio Oriente y Asia. Entre los sancionados se encuentran cabecillas de redes, facilitadores financieros y hasta una empresa china fabricante de botes inflables usados para cruzar clandestinamente el Canal de la Mancha.

“El mensaje es claro: los que lucran con la desesperación humana serán señalados y castigados, sin importar en qué parte del mundo operen”, sentenció el ministro del Interior, David Lammy, al anunciar las medidas.

Entre los nombres destacados figura Bledar Lala, albanés acusado de operar cruces ilegales entre Bélgica y el Reino Unido; Alen Basil, exintérprete de policía convertido en líder de una red en Serbia; y Mohammed Tetwani, responsable de un campamento en Horgos, conocido por prácticas violentas. También fue sancionado Muhammed Khadir Pirot, un “banquero hawala” que canalizaba pagos desde Irak para financiar viajes clandestinos hacia Europa.

En un movimiento simbólico y estratégico, también fue sancionada Weihai Yamar Outdoors Product Co, una empresa china señalada por fabricar y promover botes utilizados para el tráfico humano. Las autoridades británicas consideran que atacar la logística del crimen organizado es tan importante como enfrentar a sus líderes.

Esta acción se produce en medio de un aumento sin precedentes de migrantes que llegan en pequeñas embarcaciones, con más de 23,500 cruces registrados en lo que va del año. El primer ministro Keir Starmer, enfrentando presión política interna, ha prometido “destruir los cimientos financieros y operativos” de estas redes que operan globalmente.

Con esta medida, el Reino Unido envía una señal contundente: la complicidad en el tráfico de seres humanos no solo será perseguida judicialmente, sino también financieramente.