California, EE.UU. — 14 de julio de 2025 | Una redada coordinada entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) resultó en la detención de 361 personas migrantes en situación irregular, en dos instalaciones de cultivo de cannabis en Camarillo y Carpintería, al sur de California.

Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la operación tenía como objetivo desmantelar una red de explotación laboral en plantaciones comerciales, donde también se rescataron al menos 14 menores de edad, presuntamente obligados a trabajar en condiciones insalubres y peligrosas.

Nacionalidades y antecedentes criminales

Los arrestados provienen en su mayoría de México, Honduras, Guatemala y El Salvador, aunque también hay reportes de personas originarias de Colombia y Ecuador. Durante la redada, ICE identificó a varios individuos con antecedentes penales graves, incluyendo:

• Roman Izquierdo (Honduras): condenado por intento de violación, abuso infantil y secuestro.
• Juan Duarte-Velasquez (México): condenado por violación y reincidente en manejo bajo efectos del alcohol.
• Adriana González-González (El Salvador): con múltiples cargos por robo y conducción temeraria.
• José Orellana (Guatemala): involucrado en un atropello con fuga con daños graves.

Caos, protestas y una muerte

La operación fue fuertemente criticada por organizaciones civiles y sindicales. Más de 500 personas se manifestaron en las inmediaciones de las fincas, denunciando un uso desproporcionado de la fuerza por parte de ICE. Durante la protesta, se reportaron enfrentamientos con agentes federales y disparos realizados por civiles, lo que llevó al FBI a ofrecer una recompensa de $50,000 por información sobre el autor del ataque.

En medio del caos, un trabajador agrícola de 57 años, de nacionalidad mexicana, murió tras caer desde el techo de un invernadero. Según las autoridades, no estaba bajo custodia ni siendo perseguido en ese momento.

Críticas y respuestas oficiales

El secretario del DHS defendió la redada como una medida “necesaria para proteger a menores de la explotación y frenar la impunidad de criminales peligrosos”. Sin embargo, agrupaciones como United Farm Workers y activistas pro derechos migrantes han calificado la acción como un acto de “terrorismo laboral” y han exigido una investigación federal independiente.

Un precedente en la era Trump

Esta redada representa la mayor acción de cumplimiento laboral en el segundo mandato de Donald Trump, y la segunda más grande en la historia de ICE desde 2019. Forma parte de la nueva estrategia federal denominada “Make America Safe Again”, centrada en operativos masivos en sectores agrícolas y manufactureros.